Las empresas que trabajan para ayuntamientos, comunidades autónomas, ministerios y otros organismos públicos pueden depender en gran medida de los contratos administrativos que tienen adjudicados. Por ello, cuando aparecen dificultades económicas, una de las principales preocupaciones consiste en determinar qué ocurrirá con esos contratos si finalmente se declara el concurso de acreedores.
La insolvencia del adjudicatario no debe analizarse únicamente desde la perspectiva concursal. En estas situaciones también entra en juego la normativa de contratación pública y, especialmente, las condiciones concretas de cada contrato.
El tratamiento de los contratos públicos ante una insolvencia empresarial exige, por tanto, estudiar conjuntamente la situación financiera del contratista, el estado de ejecución de cada adjudicación y las posibles consecuencias que puede adoptar la Administración.
¿El concurso supone la pérdida automática del contrato público?
No debe partirse de la idea de que la declaración del concurso provoca siempre y de forma inmediata la desaparición de todos los contratos administrativos.
La situación debe estudiarse conforme a la normativa aplicable y a las circunstancias concretas del procedimiento.
La Ley de Contratos del Sector Público contempla la declaración de concurso entre las situaciones que pueden tener consecuencias sobre la relación contractual, pero el resultado puede depender, entre otros factores, de la fase en la que se encuentre el procedimiento concursal.
También resulta fundamental comprobar si el contratista continúa cumpliendo correctamente sus obligaciones.
Una empresa puede atravesar dificultades financieras y, sin embargo, disponer todavía de medios suficientes para ejecutar determinadas adjudicaciones. En otros casos, la falta de liquidez puede impedir pagar nóminas, adquirir materiales o contratar los servicios necesarios para continuar.
Por ello, concurso e imposibilidad de ejecución no deberían tratarse como conceptos automáticamente equivalentes.
La continuidad del contrato dependerá de la situación concreta
Uno de los primeros análisis debe centrarse en determinar si la compañía puede seguir prestando el servicio, realizando la obra o suministrando los productos comprometidos.
Para ello habrá que estudiar cuestiones como:
- Estado de ejecución del contrato.
- Duración pendiente.
- Personal necesario.
- Costes futuros.
- Materiales y proveedores.
- Cobros pendientes de la Administración.
- Garantías constituidas.
- Rentabilidad de la adjudicación.
Este análisis es especialmente importante porque conservar un contrato deficitario no siempre beneficia a una compañía insolvente.
Puede ocurrir que una adjudicación genere facturación, pero que los costes necesarios para ejecutarla sean superiores a los ingresos previstos. En ese escenario, mantenerla podría consumir una liquidez necesaria para otras áreas viables del negocio.
La fase del concurso puede ser determinante
La situación concursal del contratista constituye uno de los elementos que deben examinarse para conocer los efectos sobre la contratación pública.
No produce necesariamente las mismas consecuencias una compañía que intenta mantener su actividad que otra cuya situación ha evolucionado hacia una fase incompatible con la correcta ejecución del contrato.
Por esta razón, cada adjudicación debería revisarse junto con la estrategia concursal general.
Cuando aparecen las primeras señales de insolvencia empresarial, conviene identificar inmediatamente qué porcentaje de la facturación depende del sector público y qué consecuencias tendría perder esos contratos.
Esperar hasta una fase avanzada puede limitar considerablemente las posibilidades de reorganización.
¿Qué ocurre con los trabajos ya realizados y pendientes de cobro?
La insolvencia no elimina el derecho de la empresa a cobrar aquellas cantidades que legítimamente le correspondan por prestaciones correctamente ejecutadas.
Sin embargo, será necesario comprobar el estado de cada expediente.
Pueden existir:
- Facturas emitidas pendientes de pago.
- Certificaciones de obra.
- Servicios prestados todavía no facturados.
- Entregas pendientes de conformidad.
- Revisiones o incidencias administrativas.
- Penalizaciones en discusión.
Estas cantidades pueden tener una importancia considerable para la tesorería de la concursada.
Por ello, antes de preparar una estrategia frente a la insolvencia conviene elaborar un inventario específico de los derechos de cobro frente a organismos públicos y determinar cuáles están reconocidos, cuáles se encuentran pendientes y cuáles presentan alguna controversia.
Incumplimientos, penalizaciones y resolución
El problema se vuelve más complejo cuando las dificultades financieras empiezan a afectar a la ejecución.
Los retrasos, la falta de personal, el incumplimiento de determinadas condiciones o la imposibilidad de prestar correctamente el servicio pueden provocar consecuencias previstas en la normativa y en el propio contrato.
La Administración puede disponer de mecanismos para exigir el cumplimiento, imponer penalidades cuando procedan o iniciar actuaciones dirigidas a la resolución contractual en los supuestos legalmente previstos.
Por ello, al analizar los contratos públicos durante una situación de insolvencia, resulta esencial diferenciar la mera dificultad financiera de un incumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas.
No todas las situaciones económicas adversas producen las mismas consecuencias.
Qué sucede con las garantías constituidas
Los contratos públicos pueden exigir la constitución de garantías para responder del correcto cumplimiento de determinadas obligaciones.
Si aparece una insolvencia, será necesario comprobar:
- Qué garantía se constituyó.
- Su importe.
- Quién la prestó.
- Qué obligaciones cubre.
- Si existen incumplimientos.
- Si se ha iniciado algún procedimiento relacionado con ella.
No debería considerarse que la declaración del concurso provoca automáticamente la devolución de la garantía.
Su destino dependerá de la ejecución contractual y de las circunstancias legalmente relevantes.
Además, cuando existe un aval bancario o una garantía prestada por un tercero, conviene estudiar separadamente las relaciones entre la empresa, la Administración y la entidad garante.
Los contratos públicos dentro del plan de viabilidad
Cuando una empresa depende significativamente de adjudicaciones públicas, estas deben analizarse dentro de sus previsiones financieras.
No basta con comprobar el importe total contratado.
Es necesario conocer cuánto cuesta ejecutar realmente cada adjudicación y cuándo se producirán los cobros.
Una compañía puede tener una cartera elevada y, al mismo tiempo, sufrir graves tensiones de tesorería debido al desfase entre los gastos necesarios para prestar el servicio y el momento en el que recibe el pago.
Por ello, antes de decidir si determinadas adjudicaciones deben mantenerse, conviene elaborar un plan de viabilidad ante las deudas que permita medir su rentabilidad y sus necesidades de financiación.
El objetivo no consiste en conservar contratos a cualquier precio, sino en proteger aquellos que contribuyen realmente a la recuperación.
¿Puede presentarse la empresa a nuevas licitaciones?
Esta cuestión requiere especial cautela.
La contratación pública establece requisitos de aptitud y determinadas prohibiciones de contratar que deben comprobarse atendiendo a la situación concreta de la empresa y a la normativa vigente.
Por ello, una sociedad que atraviesa un procedimiento concursal no debería asumir automáticamente que puede concurrir a cualquier nueva licitación en las mismas condiciones que antes.
Será necesario revisar su situación jurídica, la fase del procedimiento y los requisitos exigidos en cada licitación.
Además, aunque jurídicamente pudiera participar en determinados supuestos, debería analizar previamente si dispone de capacidad económica y operativa suficiente para asumir nuevas obligaciones.
Conseguir más contratos no resuelve una insolvencia si la compañía carece de recursos para ejecutarlos.
Subcontratistas y proveedores vinculados al contrato
Muchas adjudicaciones dependen de terceros.
Una constructora puede necesitar subcontratistas especializados; una empresa de mantenimiento puede depender de proveedores de materiales; y una compañía tecnológica puede utilizar licencias o servicios externos indispensables.
Cuando el contratista principal entra en dificultades, los impagos a estos colaboradores pueden terminar afectando a la propia ejecución.
Por ello, resulta recomendable identificar qué proveedores son imprescindibles para cada contrato y qué cantidades se les adeudan.
La continuidad de una adjudicación pública puede depender de conservar una cadena de suministro mínima que permita cumplir las obligaciones asumidas.
Qué documentación debería revisar la empresa
Ante una situación de insolvencia, conviene elaborar un expediente individual para cada contrato público relevante.
Debería incluir al menos:
- Contrato y pliegos.
- Resolución de adjudicación.
- Duración y posibles prórrogas.
- Facturación pendiente.
- Certificaciones emitidas.
- Garantías constituidas.
- Penalizaciones o incidencias.
- Subcontratistas.
- Costes pendientes de ejecución.
- Comunicaciones con la Administración.
Esta documentación permite determinar qué adjudicaciones tienen valor económico y cuáles pueden representar un riesgo adicional.
También facilita que los asesores concursales comprendan rápidamente la importancia de cada contrato dentro de la actividad.
Errores frecuentes cuando aparece la insolvencia
Uno de los errores más importantes consiste en considerar todos los contratos públicos igualmente beneficiosos.
Una elevada facturación no garantiza rentabilidad.
También puede resultar problemático ignorar comunicaciones administrativas, no calcular los costes pendientes de ejecución o continuar asumiendo obligaciones que la empresa ya no puede financiar.
Otros errores frecuentes son no revisar las garantías, desconocer el importe exacto pendiente de cobro o presentar nuevas ofertas sin haber analizado previamente la capacidad económica para ejecutarlas.
La anticipación resulta especialmente importante cuando una parte relevante del negocio depende del sector público.
Conclusión
Los contratos con la Administración pueden constituir uno de los principales activos comerciales de una empresa, pero también generan obligaciones que deben seguir cumpliéndose mientras permanezcan vigentes.
El tratamiento de los contratos públicos ante una insolvencia del contratista requiere analizar conjuntamente la normativa concursal y la contratación pública, además de comprobar la fase del procedimiento, los incumplimientos existentes y la capacidad real para continuar ejecutando cada adjudicación.
La declaración del concurso no debería interpretarse de manera aislada. Es necesario revisar individualmente cada contrato, los cobros pendientes, las garantías y los costes futuros.
Identificar cuanto antes qué adjudicaciones son rentables y cuáles pueden agravar la falta de liquidez permite diseñar una estrategia más realista para intentar preservar la actividad empresarial.
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Estudiar los contratos, los derechos de cobro y las obligaciones pendientes antes de que la situación se deteriore permite valorar con mayor margen las altern
ativas disponibles dentro de una reestructuración o un posible concurso de acreedores.
