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Ley de la Segunda Oportunidad: qué es y quién puede acogerse a ella

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad? Es un mecanismo, vigente desde el año 2015, destinado a autónomos y particulares que no puedan hacer frente a sus deudas.

La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada mediante Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero en el año 2015. Desde entonces, es el único mecanismo legal destinado a autónomos y particulares que no puedan hacer frente a sus deudas.

Según lo expuesto en el Real Decreto-ley 25/2015 sobre la Ley, “en este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: el que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece obviamente al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo.”

La Ley de la Segunda Oportunidad está habilitada en la Ley Concursal y, tanto la Ley de Segunda Oportunidad como la Ley Concursal pretenden, también salvar el cobro de los acreedores y, de esta manera, tienen una doble función: social y de efectividad del cobro. Así pues, una persona física que atraviese una situación económica complicada encuentra una solución y sus acreedores no pierden los derechos de cobro.

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Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad es un recurso legal destinado a autónomos y particulares. De este modo, con una tramitación previa del procedimiento que corresponda, permite a las personas físicas renegociar o eliminar aquellas deudas que no pueda afrontar, bien por falta de patrimonio, bien por falta de activos.

Esta renegociación o perdón de las deudas que no se hayan pagado, se realiza previa tramitación de un procedimiento judicial: el concurso de acreedores.

Tal y como explicamos en este artículo, los concursos de acreedores son procedimientos legales que se dan cuando una persona, física o jurídica, se encuentra en una situación de insolvencia que le provoca no poder hacer frente a la totalidad de sus pagos.

Estos procesos concursales pueden iniciarse por diferentes vías, según que las deudas tengan origen en la actividad empresarial o profesional del deudor, u otra procedencia (préstamos al consumo u otros compromisos ajenos a su actividad empresarial o profesional).

¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Quién puede acogerse a la ley de segunda oportunidad

Como adelantábamos, la Ley de Segunda Oportunidad está destinada a particulares y autónomos, personas físicas.

De este modo, tiene la posibilidad de acogerse a este mecanismo toda persona que se haya visto superada por las deudas, bien por deudas de consumo, bien por deudas de actividad como autónomo.

Estos tendrán la posibilidad de comenzar el proceso para solicitar la exoneración de las deudas pendientes para no verse obligados a responder ante estas deudas con patrimonio futuro. Para llevar a cabo este complicado proceso es recomendable confiar en un experto, desde Concursalix te ayudamos, no dudes en consultarnos.

Requisitos para recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad

No obstante, el autónomo o particular que desee acogerse a este mecanismo debe primero cumplir una serie de requisitos, demostrando, entre otras cosas, que ha actuado “de buena fe”.

Requisitos ley de segunda oprtunidad

Así, el deudor deberá demostrar:

  1. Que no ha mentido sobre la deuda y no ha ocultado información para el proceso.
  2. Que no ha sido condenado por delitos:
    • a. contra el patrimonio
    • b. contra el orden socioeconómico
    • c. por falsedad documental
    • d. contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
    • e. contra los derechos de los trabajadores
  3. Que su situación de insolvencia no se ha producido mediando dolo o culpa grave.
  4. Que ha intentado llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores de su deuda.
  5. Que no recurrido al proceso de LSO en los 10 últimos años.
  6. Que no ha rechazado una oferta de trabajo acorde a sus capacidades profesionales en los 4 años anteriores.
  7. Que su deuda no supera los cinco millones de euros, ya que, de ser así, no podrá acogerse al mecanismo.
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