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Las obligaciones legales del empresario en el concurso de acreedores.

Desde el comienzo de la pandemia, se está asistiendo a una avalancha de procedimientos concursales, de los cuales más de la mitad de ellos son realizados para trabajadores autónomos con menos de diez empleados. 

Como marca de la pandemia, el pasado mes de marzo se registró un récord de liquidaciones de pequeños negocios por insolvencia. 

Pese a la moratoria ofrecida por el Gobierno central, muchos negocios no han podido hacer frente a la crisis de la COVID-19 y muchos autónomos no pueden seguir con su actividad ya que se encuentran en una situación límite debido a las deudas, y después de un año, siguen sin equiparar sus ingresos para hacer frente a la situación. 

Este intento de apoyo al tejido empresarial por parte del Ejecutivo nació para intentar dar ayuda a muchas empresas, pero, por el contrario, para muchas de ellas no hace más que acentuar la situación ya que esta nueva moratoria incentiva la permanencia en el mercado de “empresas zombis”: sociedades y autónomos en situación de insolvencia.

Enfrentarse a un concurso de acreedores aún sigue intimidando enormemente a los empresarios españoles que en muchas ocasiones se ven con la necesidad de recurrir a la insolvencia. La disolución y liquidación de una sociedad acarrea una serie de acciones legales. Dicha liquidación se produce cuando n o se puede hacer frente al pago de las deudas, es ahí cuando se declara el concurso de acreedores. Actualmente, se observa la necesidad de contar con un especialista en derecho concursal, ya que es la figura que vela por conseguir que las consecuencias del cierre de las empresas no afecten al patrimonio personal de los empresarios.

Ley Concursal, ley que nos marca las obligaciones legales de un concurso de acreedores

obligaciones jurídicas concurso de acreedoresEl momento idóneo para realizar dicho concurso es cuando se observen varios problemas de liquidación:dificultades para pagar a la Seguridad Social, Hacienda o a los proveedores. Mientras la empresa genere ingresos, aunque estos sean insuficientes todavía se pueden llevar a cabo diversas acciones, ya que uno de las principales causas de la no viabilidad de la empresa en el procedimiento concursal o preconcursal, es el incumplimiento tardío por el empresario de la Ley Concursal. 

Hay que tener presente que esta Ley se configura como de obligado cumplimiento para el empresario, no como una mera opción.

La disolución y liquidación de una sociedad acarrea una serie de obligaciones legales; si durante dicha liquidación no se puede hacer frente al pago de las deudas es cuando se declara el concurso de acreedores. Pero para ello es necesario educar a los autónomos y empresarios en las bondades de contar con especialistas en derecho concursal, ya que ellos velaran por conseguir que las consecuencias del cierre de las empresas no afecten, entre otras cosas, al patrimonio personal de los empresarios.

Actualmente, la Ley Concursal presenta dos vías de actuación: la ordinaria y la exprés. La primera de ellas, vía ordinaria, puede ser la solución más factible para que un negocio pueda seguir funcionando a pesar de sus deudas y da tiempo, al empresario y al administrador concursal, a proceder al cierre de la empresa de una forma ordenada. Este procedimiento suele ser un proceso que dura varios años por lo que, actualmente, muchos autónomos y empresarios, que siguen acumulando deudas y no encuentran forma de pagarlas. 

El concurso exprés es una alternativa que permite liquidar deudas y cerrar el negocio de forma inmediata (en dos meses desde que se procesa la solicitud). Esta modalidad está siendo la más reclamada por parte de autónomos y empresarios que se encuentran en situación crítica. Además, esta vía resulta más económica que la vía ordinaria. 

La nueva moratoria de los concursos de acreedores por parte del Gobierno, prorrogada hasta el 31 de enero, pone en jaque de nuevo a los autónomos y empresarios que deben evaluar la viabilidad de sus empresas y no terminar convirtiéndose en una “empresa zombi”. Por ello es recomendable no eludir la realidad y acudir a abogados especialistas en concursos de acreedores con el fin de salvar a las empresas que presentan dificultades, evitar una quiebra mayor y facilitar la disolución de la empresa.

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